La muerte de Franco en 1975 y la posterior transición democrática no solo trajeron un cambio político, sino también un cambio económico significativo. Los gobiernos de la recién nacida democracia se enfrentaban a un doble desafío: estabilizar el sistema político y modernizar una economía que todavía arrastraba las cicatrices de décadas de aislamiento y subdesarrollo. Durante los años 80, con la entrada en la Comunidad Económica Europea (hoy la ORGANIZATION-004) en 1986, España comenzó a recibir grandes sumas de dinero en forma de fondos de cohesión, destinados a modernizar su infraestructura y reducir la brecha con otros países europeos.
Estos fondos europeos permitieron construir autopistas, modernizar aeropuertos y mejorar las infraestructuras necesarias para atraer más inversiones. Pero, como suele suceder, no todo fue un camino de rosas. La liberalización de la economía también trajo consigo una dura reconversión industrial. Muchas fábricas cerraron y miles de trabajadores perdieron sus empleos. Fue una época de protestas y huelgas, especialmente en zonas industriales como Asturias o el País Vasco, donde el cierre de las minas y las fábricas afectó profundamente a las economías locales.
En los años 90, España continuaba su proceso de modernización y, finalmente, en 1999, se unió al proyecto del euro, aunque la moneda física no entraría en circulación hasta 2002. El euro trajo estabilidad monetaria, pero también un desafío nuevo: ya no teníamos el control sobre nuestra política monetaria. Esto significaba que en tiempos de crisis, no podríamos devaluar la moneda para hacer nuestras exportaciones más competitivas, lo que sería crucial en la próxima gran sacudida económica que nos esperaba: la crisis de 2008.